Dos tomas clandestinas las detectadas por ministeriales
asesinados
Pemex a disposición de la ciudadanía el número 01800 228 96
60, donde se podrá denunciar de manera anónima y gratuita cualquier situación
sospechosa de extracción ilegal en ductos de esta paraestatal
Por: Ivette Yáñez.
HUEJOTZINGO, Pue.- Personal de seguridad física de Petróleos
Mexicanos (Pemex) descubrió dos tomas clandestinas en el oleoducto Nuevo
Teapa-Tula-Salamanca, en las inmediaciones de la junta auxiliar de Santa Ana
Xalmimilulco, a solo unos metros de donde se localizaron los cuerpos de dos
policías ministeriales.
En el lugar de los hechos se localizaron artefactos, así
como herramientas esto en una excavación donde también había mangueras que eran
utilizadas para la extracción del combustible de manera ilícita.
Al lugar acudió personal especializado del sector Ductos
Mendoza de Petróleos Mexicanos, quienes realizaron los trabajos para retirar
las válvulas colocadas para conectar las mangueras y de esa manera extraer el
combustible, reparando el ducto a fin de que pudiera reiniciar operaciones.
En tanto el área jurídica de Pemex presentó la denuncia
correspondiente ante el ministerio público federal, para efectuar las
averiguaciones pertinentes y sea la PGJ quien investigue los hechos que derivaron
en la ejecución de dos policías ministeriales.
Cabe destacar que esta imparable la ordeña clandestina en
ductos de Pemex en esta zona, lo que sin duda pone en peligro a la ciudadanía,
ante ello y para evitar otro siniestro como el acontecido en Texmelucan, en el
2010, Petróleos Mexicanos pone a disposición de la ciudadanía el número 01800
228 96 60, donde se podrá denunciar de manera anónima y gratuita cualquier
situación sospechosa de extracción ilegal en ductos de esta paraestatal.
El robo de hidrocarburos ha crecido de forma
alarmante en el país. Tanto, que se ha convertido en uno de los factores por el
que algunas entidades presentan desabasto de gasolina.
Un análisis del Instituto Belisario Domínguez, del
Senado de la República, reveló que este delito aumenta exponencialmente año con
año.
La falta de combustible en al menos nueve
entidades, en semanas recientes, puso en jaque la actividad económica de muchas
empresas y de comunidades en general.
Las pérdidas para el país por el robo de
combustible son multimillonarias.
En el 2014, se calcula que el hurto ascendió a 19
mil millones de pesos, un 4.4 por ciento de las ventas totales de las gasolinas
Magna y Premium.
El estudio del Senado detalló que en los primeros
tres meses del año, en México se registraron mil 211 perforaciones ilegales
para el robo de combustible en los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), lo
cual significó 57.8 por ciento más que el mismo periodo de 2014, en donde la
“ordeña” de hidrocarburos fue de 767 ataques a esta red de suministro.
Aunado a esto, el sector enfrenta una baja en la
producción de crudo; México ya no produce la misma cantidad de petróleo que
hace unos años.
El aumento en las penas para castigar esta
actividad ilícita no ha rendido frutos.
Aunque el 2011 se aprobaron sanciones que
alcanzarían hasta los 18 años de prisión por extraer o vender combustibles de
forma ilícita, poco fue el efecto que tuvo sobre los delincuentes.
Por si fuera poco, Pemex está atado de manos para
combatir eficazmente este flagelo, pues sus técnicos y personal operativo no
pueden actuar como cuerpo policiacos y aprehender a los delincuentes.
Sumado a esto, en el Congreso de la Unión se
encuentran empantanadas reformas legales encaminadas a catalogar el robo de
combustibles como delito grave, para que no se alcance fianza y evadir así la
prisión, y aumentar las penas hasta a 60 años.
Daños colaterales para Pemex
La forma más conocida en que los delincuentes roban
combustible es a través de la llamada “ordeña”. Ésta, consiste en abrir un
ducto de transportación de hidrocarburos e instalar ahí una válvula de paso
para desviar la gasolina, el gas, el petróleo o cualquier otro combustible,
hacia los contenedores con que cuentan los delincuentes, que luego
comercializan.
“La distancia entre cada toma clandestina es de 3.5
kilómetros a lo largo de aproximadamente 14 mil kilómetros de la red de tubos
de Pemex Refinación”, señala el reporte del Senado, lo que da una idea de la
magnitud del hurto.
Otra forma de robar hidrocarburos consiste en
manipular directamente las pipas en las que se transporta.
Los bandidos pueden alterar un flotador, conocido
como “Nice”; con un alambre sostienen el flotador que se ubica en la parte alta
de la pipa para que marque más litros de los que están dentro de ella. Otra
forma es manipular las válvulas por donde se inyecta el combustible a la pipa,
para que tengan mayor tolerancia al flujo del líquido y se registren menos
litros –o más litros, según sea el caso- de los que realmente se entregan. La
otra manera en que se puede robar el combustible en las pipas es a través de
los llamados “rompeolas”, una especie de trabes que se colocan dentro del
tanque de la pipa y permiten almacenar entre 150 y 200 litros de combustible
que luego son comercializados en el mercado ilegal. Como sea que se robe el
combustible, el común denominador es que se trata de un delito cuyo crecimiento
ha sido exponencial en los años recientes.
A partir del 2011, la aparición de tomas
clandestinas se volvió grave. Ese año, se duplicó respecto al 2010.
“Si a ello se le agregan la sustracción ilegal de
combustible en refinerías, terminales de almacenamiento y reparto, terminales
marítimas y residencias de operaciones portuarias, resulta que las pérdidas
estimadas para Pemex por distintas fuentes fueron superiores al presupuesto
asignado a la Secretaría de Energía (3 mil 294 millones de pesos)”, expone el
análisis del Senado.
En el 2013 se registraron un total de 2 mil 627
tomas clandestinas; para el 2014, la cifra alcanzó el récord de 4 mil 127, lo
que representa un robo de alrededor 19 mil millones de pesos.
Esto representa un crecimiento del 500 por ciento
entre el 2010 y el 2014. Al desfalco que representa el robo de combustible en
sí, Pemex debe sumar el costo de reparar una toma. El precio por esta actividad
oscila entre los 120 mil y los 250 mil pesos.
Además, en lo que se realiza la reparación, que
suelen ser 24 horas, el suministro de hidrocarburos se interrumpe en los
centros de consumo cercanos.
En el 2014, Pemex invirtió 45.3 millones de pesos
en mano de obra para las reparaciones. Los expertos piensan que este año se
alcanzará una cifra mucho mayor. Tan solo en el primer trimestre del 2015, se
registraron mil 211 perforaciones ilegales en la red de ductos, un 57 por
ciento más de las que se habían registrado en el mismo periodo del 2014.
Una de las alternativas que ha utilizado Pemex es
el uso de pipas para evitar que el combustible viaje en ductos.
Sin embargo, esta es una operación compleja para la
empresa.
Por cada mil barriles de distribución, se deben
usar 12 pipas. Se calcula que ciudades pequeñas utilizan entre 30 mil y 40 mil
barriles diarios. Se requerirían 480 autotanques solo para llenar esa demanda.
Las medidas, insuficientes
Para combatir estos robos, desde hace varios años
han creado grupos interinstitucionales, grupos de trabajo y se han creado
unidades especiales de la Policía Federal, el Ejército, la Marina, la Procuraduría
General de la República, el Cisen y la Secretaría de Gobernación.
Se han instrumentado programas de seguridad y
vigilancia en los ductos, se ha utilizado “alta tecnología” para impedir que se
robe el combustible; nada ha sido suficiente.
Hace unas semanas el Ejército Mexicano detuvo al
director general de la Policía Estatal Preventiva de Puebla, Marco Antonio
Estrada López, y al jefe del Grupo de Operaciones Especiales (Goes), Tomás
Mendoza Lozano, por estar presuntamente inmiscuidos en el delito de robo de combustible
a Pemex.
“Desde el
primer momento en que se tuvo conocimiento del caso, la Procuraduría General de
Justicia de Puebla (PGJ) ha estado en comunicación y compartiendo información
entre áreas de inteligencia de la PGJ Puebla y de la delegación de la PGR, para
deslindar responsabilidades y llegar hasta las últimas consecuencias”, indicó
en un comunicado.
Desde el 2006 a la fecha, se han detectado un total
de 11 mil 919 tomas clandestinas y se ha detenido a 3 mil 803 personas en el
país. Sin embargo, solo el 39 por ciento de ellas, mil 484, se encuentran en
prisión.
Emilio Lozoya, director general de Pemex, expuso en
una comparecencia ante diputados, en septiembre del 2014, que la empresa se
encuentra atada de manos porque solo puede prevenir y remediar los hechos
provocados por los delincuentes, pero no puede tomar acciones directas contra
quienes cometen ese delito.
“Pemex no es un ministerio público; Pemex no
consigna delincuentes, lo que sí puede hacer Pemex es denunciar y coadyuvar con
las autoridades. Tenemos una fuerza de seguridad física, pero no somos
autoridad”, comentó Lozoya a los diputados.
El director de la empresa comentó que los ductos
más afectados por el robo de combustibles son los ubicados en Salamanca, Guanajuato;
Cadereyta, Nuevo León; y Ciudad Madero, Tamaulipas.
En meses pasados, tanto diputados como senadores
impulsaron sus propias leyes para combatir el robo de combustibles.
En el Senado, se aprobó una Ley para Prevenir y
Sancionar los Delitos Cometidos contra el Patrimonio Nacional en materia de
Hidrocarburos, en la que se establecían sanciones de 35 a 40 años de prisión
por la ordeña de ductos, barcos y depósitos.
También se proponía castigar a los dueños de
gasolineras que alteren sus sistemas de medición con hasta 18 años de cárcel y
la pérdida de la concesión.
La Ley preveía sanciones a “actos de sabotaje” que
van de 40 a 60 años de prisión por considerarlos actos de terrorismo.
En todos los casos, la Ley establece que este
delito es grave y parte de la delincuencia organizada, por lo que quienes sean
acusados de él, no alcanzarán libertad bajo fianza.
En tanto, en la Cámara de Diputados se aprobó otra
Ley que proponía cambios al Código Penal Federal y a la Ley Federal contra la
Delincuencia Organizada para tipificar como graves la comisión de todos estos
delitos, así como otras medidas.
Sin embargo, aunque cada Ley fue aprobada en su
cámara de origen, la cámara revisora decidió no dar su voto aprobatorio por una
cuestión de procedimiento legislativo.
Los legisladores argumentaron que para poder hacer
una ley secundaria en la materia, primero el Congreso de la Unión debe
modificar la Constitución Política para otorgarse facultades de legislar en ese
tema.
Al no hacerse el cambio constitucional, la ley carecería
de validez y podría prestarse a que, quienes sean detenidos bajo esa
legislación, se amparen en que fue creada de forma incorrecta.
El periodo de sesiones concluyó el 30 de abril
pasado y los diputados y senadores no pudieron ponerse de acuerdo en el
procedimiento para sacar alguna de esas dos leyes o crear una conjunta con el
respaldo de ambas Cámaras.
La clave: investigar a los compradores
Arturo Zamora, senador del PRI por Jalisco y uno de
los principales impulsores del combate al robo de hidrocarburos, es enfático al
plantear una posible solución: hay que perseguir a quien compra los
combustibles robados.
Promotor de una serie de reformas legales para
endurecer los castigos contra quienes hurtan hidrocarburos, Zamora señaló que
lo más importante es acompañar a Pemex y a las autoridades de seguridad para
llegar hasta el fondo de las investigaciones y castigar no solo a quien comete
el robo, sino a quien se beneficia de él.
“Está claro que para haya robo de hidrocarburos,
tiene que haber quién lo compre. Queda claro que si no hubiera quien comprara
combustible robado, no habría ningún interés de robarlo.
“Por lo tanto, vale la pena que las autoridades
hagan una revisión a las empresas grandes, de todo tipo, de transporte, que
–sin prejuzgar- nos hemos dado cuenta de que algunas de ellas están implicadas
de manera muy comprometida con la compra de hidrocarburos de forma ilegal”,
expuso Zamora en entrevista.
El congresista destacó que Pemex debe tener más
control en las estaciones de servicio, para que se comparen los datos de cuánto
combustible entra a las estaciones y cuánto es vendido a los consumidores en
las islas expendedoras.
“Yo creo que gran parte del problema, y por eso fue
que identificamos la compra de combustible robado como delito grave, gran parte
de esto creo que tiene que ser que los procesos de investigación se extiendan a
los compradores del combustible que lo adquieren, conscientes de que es
producto de un robo, y así se convierten en cómplices de este delito y en un
motor que dinamiza que este delito se siga cometiendo”, comentó.
Además de investigar directamente a los
consumidores, las autoridades deben investigar también dónde se encuentran los
lugares de almacenamiento y hacer operativos en las carreteras para buscar
vehículos que transporten el combustible robado.
“Yo creo que ya no es un tema de leyes. Porque
incluso las cosas no cambian por decreto. Creo que es importante aquí activar
una estrategia apoyándose en las leyes existentes”, afirmó el parlamentario.
El senador insistió en que las autoridades deben
llevar estos casos hasta las últimas consecuencias y aplicar sanciones
ejemplares para evitar que este crimen siga creciendo de forma exponencial. Con
información de Reporte Índigo.
